Los procesos de descentralización, en general, surgen debido al reconocimiento de la heterogeneidad que impera al interior de los países. En el Perú, esto es evidente debido a la diversidad geográfica, histórica y climática. Por ello, ante una demanda diferenciada por parte de los ciudadanos, el Estado debe responder de manera pertinente. Lo anterior implica darle autonomía a los Gobiernos regionales y locales para utilizar los recursos que se les asignen –tanto propios como transferidos– para satisfacer la demanda diferenciada de los ciudadanos, pero dentro de un marco que fija el Gobierno nacional.

El fin último de una política pública, como es la descentralización, son las personas. Debe quedar claro, entonces, que la descentralización es un proceso que debe impactar en la calidad de vida de la población. Para cumplir ese objetivo, existen diversos intermediarios, liderados por las autoridades locales y regionales, que son los responsables de utilizar sus atribuciones y recursos para responder a las necesidades existentes en sus comunidades.

La descentralización es un proceso que nunca acaba y ello debe ser interiorizado por las autoridades del Gobierno nacional y toda la población en general. En ese sentido, debe entenderse que siempre hay espacio para el análisis, las evaluaciones y la identificación de espacios de mejora.

Los resultados hasta el momento son diversos. Y se han generado críticas que, sin duda, son válidas, pero no suficientes para sacar un diagnóstico general. Los recientes escándalos de corrupción, así como la conflictividad presente en muchos de nuestros distritos y departamentos, indicarían que es necesario un cambio de rumbo en el proceso de descentralización peruano. Visto de manera positiva, como es nuestro caso, debe pensarse como un proceso de mejora continua que implique un rol más activo de la población y las autoridades y funcionarios de todos los niveles de gobierno.

La academia está obligada también a formar parte de este esfuerzo y su rol es aportar ideas y propuestas de mejoras basadas en evidencias. En los últimos años, debido a los problemas que hemos manifestado, el ímpetu descentralizador ha ido perdiendo fuerza y se aprecia una carencia de ideas al respecto. Esta es la razón por la cual surge “Agenda 2018: Temas urgentes para el desarrollo regional y local”, precisamente para contribuir a llenar ese vacío. La Universidad del Pacífico tiene como misión aportar ideas e iniciativas para la mejora de las políticas públicas y este esfuerzo es consistente con dicho rol.

Las necesidades de la población son inmensas, aún falta mucho por mejorar en reducir la pobreza, asegurar el acceso universal a servicios básicos y mejorar la competitividad de los territorios. La descentralización puede ser un medio para mejorar estos aspectos de la vida de las personas, aunque no el único. Por ello, debe entenderse que este proceso interactúa con otras iniciativas del Estado con las cuales debe articularse. Nos referimos tanto a las políticas sectoriales como a las transversales. Estas últimas son aquellas que impactan en el Estado y rigen las operaciones del mismo a todo nivel. Es decir: no puede pensarse la descentralización como un proceso aislado, sino inmerso en la lógica del funcionamiento del sector público.

“Agenda 2018” es el aporte de profesores e investigadores de la Centro de Investigación (CIUP) y la Escuela de Gestión Pública (EGP) de la Universidad del Pacífico que, basados en sus experiencias e intereses de investigación, han desarrollado documentos de política, cuyos objetivos son aportar ideas para mejorar la descentralización y generar un debate tan necesario como importante para el desarrollo de nuestro país. La oportunidad no puede ser mejor debido a que nos encontramos próximos a un proceso de elecciones regionales y locales. Sin embargo, nuestro anhelo es que la discusión no sea coyuntural, sino que el debate perdure y sea el inicio de un intercambio alturado y basado en evidencias acerca de una política pública tan importante para el país como es la descentralización.